La movilización obrera que estuvo cerca de derrocar al gobierno de la Unión Democrática Popular UDP (1982 – 1985), ha sido la denominada “Jornadas de marzo”. Quince mil mineros llegaron a la ciudad de La Paz para exigir el cumplimiento del Pliego Petitorio de 17 puntos, entre ellos, el salario mínimo vital con escala móvil.
El origen de esta movilización se dio el 9 de febrero de 1985 cuando el gobierno aprobó un paquete económico que tenía el fin de enfrentar la hiperinflación, la recesión productiva, el déficit fiscal y la falta de divisas. Inmediatamente la Central Obrera Boliviana (COB) declara estado de emergencia por considerar a dichas medidas de “Antinacional y Antipopular”.
El Decreto establece, además, la creación de un bono de compensación independientemente del salario que no sería incluida en los beneficios sociales, se ordena también la suspensión por 60 días de cualquier incremento salarial o convenios.
A partir de entonces, y durante todo febrero, diversos sectores realizaron marchas y bloqueo de calles, especialmente el sector de la minería estatal. La COB dispuso movilización permanente entre todos sus afiliados y no se descartó la huelga general indefinida.
El 4 de marzo los trabajadores mineros del país se reunieron en El Alto de La Paz (hoy ciudad de El Alto) para marchar hasta la plaza Murillo, con el fin de exigir el aprovisionamiento de artículos alimenticios y la aprobación del salario mínimo vital con escala móvil. En la concentración los dirigentes criticaron severamente al gobierno demandando el poder a los trabajadores. “Nosotros (los trabajadores) debemos hacer justicia por nuestra propia mano ante la incapacidad del gobierno”, Francisco Romero dirigente fabril.
Frente a la negativa del Poder Ejecutivo, desde el 8 de marzo la COB declara la huelga indefinida. “El problema no sólo es salarial, sino que encierra un carácter político y éste debe concluir con la renuncia del Presidente Siles” Documento de la COB. Presencia 5 – III - 85.
16 días de huelga
La huelga general indefinida de todos los sectores afiliados a la COB duró 16 días, la fuerza y contundencia obrera se concentró en la sede de gobierno con la presencia de 15 mil mineros que, acompañados por sus esposas e hijos, realizaron marchas, bloqueos y mítines relámpagos durante el día.
El país estuvo paralizado durante ese tiempo, no sólo por la suspensión de actividades, también por el bloqueo de caminos en casi todas las rutas departamentales e interdepartamentales protagonizado por los campesinos y maestros rurales; únicamente funcionaron los servicios de emergencia tal cual dispuso el Comité de Huelga de la COB.
Las negociaciones
El primer pliego presentado contenía 14 puntos entre los que se destacan el salario mínimo vital con escala móvil, abastecimiento de pulperías y centros urbanos, congelamiento de precios, precios justos para la producción agrícola.
En un primer momento, el gobierno rechazó este pedido, pero a medida que se agudizó la huelga, el Poder Ejecutivo se comprometió a dialogar y analizar algunos temas, mas, cuando se reiniciaron las negociaciones, la COB llevó un pliego de 17 puntos, añadiendo la estatización de la banca privada, del transporte privado, municipalización del transporte urbano, nacionalización de la minería mediana y estatización de las empresas de alimentos.
El gobierno respondió ofreciendo un bono del 50 por ciento al bono de compensación de 3.100.000 pesos, a ser soldado al sueldo básico de 935.000 pesos, se resolvió de igual forma, aplicar la escala móvil desde abril.
En relación a la política de precios y abastecimiento, el gobierno aceptó todas las demandas. Sobre la estatización de empresas privadas, la respuesta fue negativa por considerarla estar al margen del plan de gobierno.
El ampliado de la Federación de Mineros rechazó esta nueva propuesta afirmando que el gobierno no soluciona los problemas de la clase trabajadora. El dirigente minero de siglo XX, Filemón Escobar, justificó la posición de los mineros al explicar que el salario mínimo vital con escala móvil es la principal razón que moviliza al pueblo. Al día siguiente, el ampliado de la COB ratifica la decisión de los mineros y anuncia mantener las medidas de presión.
A dos días del ampliado, el gobierno oferta el 70 por ciento de incremento al bono de compensación que sería soldado al salario básico, además de ofrecer el cogobierno al Comité Ejecutivo de la COB.
Los trabajadores reunidos en un ampliado de emergencia decidieron no aceptar esta propuesta y por el contrario radicalizan las medidas de presión con el propósito de lograr el salario mínimo vital con escala móvil, exhortando a la unidad a los partidos de izquierda y convocando a los oficiales, clases, soldados del ejército y policía nacional a sumarse a la movilización popular y construir el instrumento político.
Según reportan los periódicos de la época, esta decisión no fue consensuada, uno de los que se opuso fue el dirigente minero, Oscar Salas, quien replantear el pliego sindical y acusó a varios sectores políticos de la COB de “Oratoria inflamada y ultra revolucionaria”. En relación al ofrecimiento de cogobernar entre la dirigencia cobista y la UDP, el ampliado calificó de extemporánea porque las relaciones COB - gobierno estaban deterioradas.
Después de 14 días de huelga indefinida, la movilización mostró signos de desgaste y cansancio, los maestros rurales y campesinos de Chuquisaca decidieron suspender el bloqueo de caminos; la central obrera de Beni pidió romper la huelga, las CODES de Tarija y Pando dispusieron levantar la paralización de actividades. Frente a este contexto, la COB solicita reanudar el diálogo con intermediación de la Iglesia Católica y anuncia el inicio de la huelga de hambre. El Poder Ejecutivo ordena a las Fuerzas Armadas controlar el territorio nacional estando la sede del gobierno virtualmente tomada por militares y mineros. La Confederación del Transporte declaró huelga indefinida por falta de garantías para su operatibilidad y por la amenaza de estatizar este sector.
Cuando se cumplían 16 días de huelga indefinida, la COB decide levantar su medida, aceptando la última oferta del gobierno que soldó el salario básico en 4.035.000 pesos bolivianos, es decir incrementar el salario en un 232 por ciento, el gobierno se compromete también abastecer los centros de consumo y restablecer la escala móvil.
CERCO DE FUEGO
El primer día de huelga (8 de marzo), el gobierno denunció un plan terrorista que implicaría un “Cerco de fuego” al palacio de gobierno, al Congreso, a las oficinas públicas y privadas situadas en la Plaza Murillo. El Ministro de Informaciones, Mario Rueda Peña, advirtió que la COB estaba arrastrando al pueblo a perder sus libertades ciudadanas ya que la huelga indefinida conducía a un golpe de Estado.
El Ministro de Defensa, Manuel Cárdenas, ordenó evitar el ingreso de más mineros y campesinos a la ciudad de La Paz, asimismo se instruye a las guarniciones militares controlar las aglomeraciones y concentraciones en todo el país. “Lamentablemente aprovechando la serenidad de nuestro el gobierno se está confundiendo la tolerancia”, advirtió.
El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Simón Sejas, confirmó el estado de alerta para evitar excesos. “Tenemos evidencia que el día de mañana grupos trotskistas pretenden realizar actos de violencia. Las Fuerzas Armadas reiteran que actuarán con máxima energía”.
Mientras sucedían esas acaloradas discusiones sobre el futuro de la huelga indefinida, se daban a conocer casi a diario diversos atentados contra bienes públicos y privados, por ejemplo, en las estaciones de ferrocarril de Potosí y Cochabamba, la explosión de dinamita en la casa de Mario Vaca Guzmán, al ex colegio La Salle y al hotel Libertador (La Paz) y el intento de secuestro al Embajador del Perú.
Los partidos políticos y la huelga
Durante las jornadas de marzo de 1985 el Congreso Nacional no se constituye en el articulador del debate y menos en el generador de soluciones. Cuando faltaba cuatro meses para los comicios electorales (julio de 1985), la campaña electoral y la definición de candidatos en el MNR, ADN y MIR estaban resueltas; sus programas y estrategias daban como señal que de ganar uno de los tres partidos políticos, la política económica cambiaría del capitalismo de Estado a la del libre mercado. Víctor Paz Estensoro, candidato del MNR, en una de sus intervenciones públicas criticó la excesiva politización de la sociedad boliviana convocando a la solución de los problemas económicos desde un enfoque pragmático.
“Si el MNR llega al gobierno, pienso que se tiene que dejar de lado toda consideración ideológica, debemos romper cualquier atadura de tipo ideológica y actuar con sentido pragmático” (Víctor Paz E. Presencia 15 III-85).
Dieciocho partidos políticos de izquierda decidieron formar un frente único con el propósito de construir un instrumento político popular y revolucionario. Estos partidos apoyaron el pliego de la COB y se comprometieron a luchar con el pueblo hasta las últimas consecuencias, no obstante no pudieron construir un frente único para las elecciones de julio, algunos participaron de manera aislada como el Partido Socialista-1 (Cortez), MRTKL y el PRIN. El único intento de unidad estuvo formado por el MIR-BL (Fracción Antonio Araníbar) y el Partido Comunista de Bolivia (línea Moscovita), denominando a esta agrupación Frente del Pueblo Unido (FPU).
CONCLUSIONES
Durante los 16 días de huelga indefinida, el efecto económico fue devastador, según el Ministro de Finanzas (1985), Francisco Belmonte, Bolivia perdió alrededor de 160 millones de dólares. Debido a la paralización de la producción minera se impidió la exportación de 850 toneladas métricas de estaño, por exportaciones no efectuadas en otros rubros 17 millones de dólares; se interrumpió la comercialización de 140 mil quintales de azúcar, se paralizó la producción de 300 mil quintales de harina, (Presencia-22-III –85). Por recaudación de impuestos se dejó de percibir 15.05 millones de dólares (Samuel. Doria Medina 27 III-85).
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en un diagnóstico informó que sólo en 12 días de huelga, el PIB (Producto Interno Bruto) disminuyó en un tres por ciento y que el déficit fiscal sobrepaso los 1.000 millones de dólares. (Presencia 20-III-85).
Si bien los trabajadores del país recibieron un incremento de 200 por ciento a su salario, éste duro unos meses ya que el 29 agosto (días después de la posesión del gobierno de Víctor Paz Estensoro. 6/08/85), el DS. 21060 extingue todas las conquistas laborales logradas durante las Jornadas de marzo.
El déficit no sólo se hizo sentir en la economía nacional, también en las expectativas de los partidos de izquierda y en la legitimidad de las organizaciones obreras. La crisis económica y la incertidumbre política hicieron apostar al pueblo boliviano por los partidos tradicionales que obtuvieron una victoria contundente en julio de 1985, que además les posibilitó inaugurar una nueva forma de hacer política, a través del “pacto de gobernabilidad” lo que garantizó estar en el poder durante 20 años consecutivos.
A partir del año 2000, las organizaciones populares se reactivaron con nuevas demandas, nuevos actores y nuevos instrumentos políticos. El articulador de las movilizaciones ya no fue el movimiento obrero, el liderazgo se trasladó al sector campesino y a las capas medias urbanas.
Javier f. Calvo Vásquez
Abril – 2003
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