La Universidad de San Francisco Xavier es una de las instituciones más
autoritarias en el Estado plurinacional de Bolivia, debido a la concentración
del poder, la inexistente división de poderes, el incumplimiento a su normativa
interna (en muchos casos) y la aplicación de procedimientos contrarios al
Estado democrático (Estado de Derecho). Ahora me explico.
Antes, sin embargo, es necesario definir que el sentido democrático de toda
forma de gobierno está en la división de poderes: Ejecutivo, legislativo y
judicial, poderes que son independientes uno del otro.
El Consejo Universitario de San Francisco Xavier es el máximo órgano de
gobierno universitario, entre congreso y congreso, (Art. 14 E.O.USFX),
presidido por el rector e integrado por el vicerrector, los decanos, dirigentes
estudiantiles (FUL y centros de estudiantes), además de la representación
docente (FUD - células facultativas) y trabajadores (Sindicato).
Entre sus atribuciones está la aprobación de resoluciones en diferentes
áreas, a más de fiscalizar la gestión universitaria, lo que muy pocas veces se
ha producido porque el órgano ejecutivo de la Universidad (rector, vicerrector
y decanos) cubre el 40 % del total de integrantes del Consejo Universitario, es
decir, la estructura del poder universitario no está diferenciada como suele
estarlo en toda institución que se precie de democrática, por eso se deduce que
es poco probable que las autoridades aprueben resoluciones contrarias a sus intereses
y menos posible aún, que fiscalicen objetivamente su gestión, a esto se añade
lo que es muy conocido por todos, la injerencia rectoral en la elección de
dirigentes de los tres sectores, de esa forma garantizar el control absoluto
del Consejo. Actitud coherente con los regímenes autoritarios.
En los hechos, el rector es quien decide qué, cómo y cuándo hacer las cosas
en la institución, por encima incluso de su propia norma, es el caso de la
elección de directores y jefes administrativos, encargados, etc., designados
por afinidad personal y no por concurso de méritos, contrariamente a lo que
establece el Estatuto Orgánico y el Reglamento interno de personal, por tanto,
como es congruente con todo sistema autoritario, las normas se cumplan siempre
y cuando no afecten los intereses del jefe, por tanto estamos ante un escenario
de desinstitucionalización universitaria.
Este exacerbado autoritarismo llevó a la Universidad a sumergirse en crisis
profundas, como del año 2000 cuando el rector Jaime Robles es destituido por la
fuerza, en desconocimiento a la normativa que señala que las autoridades solo pueden
ser removidas luego de un proceso interno, lo que no fue así. Otro ejemplo, es
lo que aconteció este año, cuando el Consejo Universitario forzó la interpretación
del Estatuto para permitir la reelección de autoridades, situación anulada por
el Tribunal Constitucional Plurinacional, luego de presentarse un recurso de nulidad.
Debido a esta lógica del “Metele nomás”, la Universidad postergó por seis meses
la elección de autoridades, con los lógicos perjuicios en la ejecución
presupuestaria.
Otro caso que pone en evidencia el autoritarismo en la Universidad, es el
(mal) uso de los medios de comunicación universitarios (fundamentalmente TVU),
quienes desde luego no necesitan más planificación y objetivos que servir a las
autoridades de turno y atacar a sus detractores, la imparcialidad no existe en
el tratamiento informativo, la ética periodística hace mucho tiempo fue
abandonada. La censura es el pan de todos los días lo que generó la autocensura
en los comunicadores universitarios, con el tiempo –los periodistas de estos
medios- suponen cómo debe ser el enfoque informativo, qué y cuándo informar, con
esto quiero decir que se construyó con los años un campo periodístico sumiso al
poder, teniendo la obligación de amplificar la voz de quienes son o comparten
el poder, este poder que necesita de estos medios para perpetuarse y
reproducirse.
Sin duda, el sector universitario más vulnerable al chantaje, la
manipulación y la violación a los derechos humanos, es el administrativo, puesto
que enfrenta a diario la constante intimidación de sus jefes inmediatos
tornándose un riesgo aun la forma del saludo o las amistades que pueda tener. La
normativa que regula su trabajo muy pocas veces se cumple, transgrediendo sus
derechos constitucionales, por ejemplo, ante cualquier denuncia el funcionario
universitario es procesado por el Asesor Jurídico quien es nombrado
directamente por el rector, este personaje cumple una triple función en la
administración de justicia: acusa, investiga y emite sentencia (es juez y
parte), la apelación se realiza ante el rector, pero –como es de suponer- éste nunca
contradice a su subalterno, por lo que ratifica el fallo contra el trabajador,
en ese sentido no es exagerado afirmar que el funcionario de San Francisco
Xavier vive en un estado de indefensión, en otras palabras, es sometido a un
tribunal inquisitivo sin ninguna posibilidad de salir exonerado, por eso se
entiende el porqué siempre pierde el administrativo, claro está que también
muchas veces retorna a su fuente laboral luego de acudir a la justicia ordinaria
que en la mayoría de los casos instruye a la Universidad restituir la fuente de
empleo al afectado, además de cancelarle todos los sueldos desde el día del
despido, generándose así un daño económico a la institución, el cual –sea de
paso- nunca es respondido por el rector.
Pero hay más, el siguiente ejemplo rebasa lo absurdo. El reglamento de
personal reconoce la incompatibilidad funcionaria (respecto al parentesco y la
afinidad del trabajador universitario), en función a la fecha del primer
contrato, señala específicamente que se aplicará estas incompatibilidades a los
funcionarios que fueron empleados desde marzo de 1998, esto quiere decir que
los trabajadores que ingresaron con anterioridad a esta fecha no tienen
problemas de incompatibilidad a pesar de que su hijo, su esposa, su nieto,
etc., etc. trabajen incluso en la misma oficina, disposición que contradice el
espíritu de la Constitución Política del Estado, que prohíbe todo tipo de
discriminación.
En ese contexto, la cultura autoritaria se afana en hacer gala de su poder
cuando aplica la incompatibilidad a los funcionarios que no tienen “afinidad” con
los que detentan el poder y están más arruinados aquellos que osan enfrentarlos,
o son parte de algún grupo opositor al rector, como es el caso de un trabajador
que cuando cuidaba a su esposa con cáncer, le entregaron el memorándum de
despido, se vinculó este hecho por su manifiesta indignación con los dirigentes
sindicales, quienes por cierto son muy amigos de una exautoridad.
Seguramente existen más ejemplos que confirman este régimen autoritario asumido
como normal, porque supo con el tiempo construir valores y creencias en la
comunidad universitaria que garantizan su reproducción para llegar a ser
cultura política universitaria.
Son estos temas y otros vinculantes, que merecen ser debatidos por los
candidatos a rectorado, vicerrectorado, decanaturas y direcciones de Carrera, pero
no, nadie desea ingresar al terreno de la sincera discusión, se entiende esto porque
el actual escenario (autoritario) permite ejercer el poder de manera despótica,
pues –seguramente también- si la Universidad transformara su estructura de
poder y su cultura política, quizás otros serían los candidatos.
Javier Calvo Vásquez
Sucre. Noviembre de 2014
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